Los contribuyentes de IRPF que hayan sido perceptores de prestaciones del SEPE por haber estado inmersos en un ERTE en 2020, pueden verse obligados a presentar la declaración de la renta puesto que al tener dos pagadores, el límite económico que determina la obligación de declarar, disminuye a 14.000 euros si se han cobrado más de 1.500 euros del segundo pagador. Esto, unido a las bajas retenciones que se hayan efectuado al percibir las prestaciones del SEPE, puede dar lugar a que la declaración de dichos contribuyentes resulte a ingresar.

En la línea con diversas medidas adoptadas para el fraccionamiento de deudas tributarias con motivo del COVID-19, la Orden HAC/320/2021, aprueba la posibilidad de fraccionar el pago del IRPF para los contribuyentes que hubieran estado en ERTE en 2020.

Requisitos para acogerse a este fraccionamiento extraordinario

Debe tratarse de un contribuyente del IRPF:

• Que haya sido incluido el propio contribuyente o cualquiera de los miembros de la unidad familiar, en caso de tributación conjunta, durante 2020 en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo
• Que haya recibido alguna prestación por ese motivo.
• Que el resultado de la cuota tributaria correspondiente a la declaración del IRPF resulte a ingresar.
• Aplicable a tributación individual y a tributación conjunta.

No pueden acogerse a este fraccionamiento los contribuyentes a los que se aplica el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español a los que se refiere el artículo 93 de la LIRPF.

Límites económicos para solicitar el fraccionamiento

No puede exceder de 30.000 euros el importe en conjunto pendiente de pago para el solicitante, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, de las deudas de derecho público gestionadas por la AEAT y por los órganos u organismos de la Hacienda Pública Estatal.

A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.

Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de recaudación competente, sin que sea precisa la consulta a otros órganos u organismos a efectos de determinar el conjunto de las mismas. No obstante, los órganos competentes de recaudación computarán aquellas otras deudas acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas por otros órganos u organismos.

Plazos del fraccionamiento

El pago del fraccionamiento solicitado se efectuará en 6 fracciones, con vencimiento los días 20 de cada mes, siendo el primero el día 20 de julio de 2021.

 

Fuente: www.noticias.juridicas.com

En los últimos días, han sido muchas las dudas planteadas por parte de empresas y gestores de cara a la cumplimentación del modelo 190 correspondiente al año 2020, había cuenta de lo extraordinario de este ejercicio por los ERTES. Es por esto que la Agencia Tributaria emitió una nota aclaratoria al respecto, con el objetivo de clarificar el procedimiento.

En resumidas cuentas, lo que viene a decir esta nota es lo siguiente:

PRESTACIONES DERIVADAS DE LOS ERTES

Según expone la AEAT, a estas aplicaciones se les aplicará el IRPF que corresponda, al ser consideradas como rendimientos de trabajo sujetas a gravamen.

Esto conlleva que, en la declaración de IRPF del trabajador correspondiente al 2020, estas rentas aparezcan como provenientes de un pagador más. En este caso, la obligación de realizar la declaración por parte del contribuyente se verá afectada por los límites establecidos en el caso de haber dos o más pagadores de rendimientos del trabajo, y que se pueden consultar en la página web de la Agencia Tributaria.

A la hora de reflejar estas prestaciones en el modelo 190, al ser una medida extraordinaria en materia de protección por desempleo, hay que consignar los importes con la clave C (prestaciones y subsidios por desempleo).

Puede darse el caso que el trabajador haya recibido prestaciones improcedentes que deberá devolver. Aquí, dependiendo de cuando se produzca esa devolución, se reflejará de la siguiente manera:

• Si la devolución se produce en el ejercicio 2020: el modelo 190 reflejará únicamente el neto correspondiente que proceda.
• Si la devolución se produce en el ejercicio 2021: Las cantidades retornadas se reflejarán el modelo 190 del año 2021, con ejercicio de devengo 2020 y signo negativo.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PERCIBIDAS POR AUTÓNOMOS

Esta renta no puede considerarse como un ingreso inherente a la actividad económica. Por lo tanto, al no tratarse de un rendimiento de la misma, no debe incluirse como un ingreso más en el modelo 130 de pago fraccionado del IRPF.

Estos importes habrá que reflejarlos en el modelo 190 y, al igual que en el caso anterior, con la clave C (prestaciones y subsidios por desempleo).

Estas prestaciones se equiparan así a la regulada en los artículos 327 y ss de la LGSS, y que, a todos los efectos, se considera como rendimientos del trabajo.

PSOE y Podemos sopesan aplicar un gravamen del 15% sobre los dividendos no distribuidos por las socimis.

En el proyecto fallido de la Ley de Presupuestos Generales para 2019, el Gobierno del PSOE y Podemos contemplaba un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos por las socimis, que están obligadas a repartir entre sus accionistas, al menos, el 80% de sus beneficios. Los expertos avisan de que esta medida sigue viva y que podría llegar a aprobarse. De ser así, frenaría en seco la creación de socimis.

Esta nueva tributación nace de la idea tanto del PSOE como de Podemos de que las socimis pagan pocos impuestos y de que su apuesta por las viviendas en alquiler está impulsando los precios en las grandes ciudades. Esto no es cierto porque controlan cerca de un 4% del parque residencial en arrendamiento y las rentas que reciben por los alquileres y con las que obtienen beneficio están grabadas a través de los dividendos que están obligadas a repartir entre sus accionistas.

Ante la posibilidad de que se obligue a tributar por la parte de los beneficios no repartidos entre los ‘socios’ (el 20% restante), los expertos estiman que muchas socimis, para evitar pagar un gravamen especial del 15%, repartirán el 100% de sus ganancias vía dividendo. Pero, ¿qué problema podría acarrear a la socimi? Según DLA Piper, uno de los riesgos es dejar sin liquidez a estos vehículos para repagar las deudas que tengan contraídas.

En este sentido, expertos del despacho de abogados señalan que algunas de las socimis podrían acudir a ampliaciones de capital para poder pagar parte de la deuda o vender, si pueden, activos para hacer caja (aunque el 50% de la plusvalía obtenida debe repartirse y el otro 50% debe reinvertirse). Otras terminarían saliendo del régimen especial de las socimis. En definitiva, este impuesto nuevo podría poner en jaque la creación de socimis e, incluso, provocar la salida de más socimis.

Por otro lado, se estima que la medida apenas tendría impacto recaudatorio. En los Presupuestos Generales del Estado de 2019 (que como hemos dicho al inicio no llegaron a entrar en vigor), el Ministerio de Hacienda cifraba en apenas 10,5 millones de euros la recaudación que podría conseguirse a través de la puesta en marcha de este nuevo gravamen, lejos de los más de 260 millones que el organismo liderado por María Jesús Montero aseguró que el Estado estaba dejando de recaudar por el régimen especial del que disfrutan las sociedades de inversión inmobiliaria.

Los impuestos que paga actualmente una socimi

Las socimis son instrumentos de inversión destinados al mercado del alquiler, cuya actividad principal es la inversión en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su arrendamiento (viviendas, locales comerciales, residencias, hoteles, garajes, oficinas, etc.).

Su régimen fiscal es atractivo porque el tipo impositivo de la sociedad es el 0%, frente al 25% del resto de sociedades mercantiles, aunque como hemos dicho anteriormente, el Gobierno de PSOE-Podemos tiene sobre la mesa la posibilidad de introducir un gravamen especial del 15% sobre los beneficios obtenidos.