Especialmente en el ámbito de extranjería, se ha normalizado una percepción equivocada del trabajo jurídico. Muchos esperan ser atendidos sin cita, en cualquier momento, incluso fines de semana o festivos, como si los despachos fueran servicios de emergencia gratuitos.
Los abogados dedican años a formarse y a mantener actualizados frente a los constantes cambios normativos, ofreciendo un servicio responsable, ajustado a la legalidad y a la realidad de cada caso. Su labor no consiste simplemente en “rellenar papeles”, sino en diseñar estrategias jurídicas sólidas para proteger los derechos e intereses se sus clientes.
A esta realidad se suma el creciente intrusismo profesional: persona sin formación jurídica, sin colegiación ni responsabilidad legal, que ofrecen servicios de extranjería a precios irrisorios y con una gestión muchas veces deficiente o incluso ilegal. Esta situación no solo pone en riesgo la situación de quienes confían en ellos, sino que también degrada gravemente la profesión legal.
No son una ONG, ni caritas, son abogados y, como en cualquier profesión su tiempo, conocimiento y experiencia tienen un valor. Reivindicar ese valor no es falta de humanidad, sino respeto por su labor y, sobre todo, por los clientes que buscan un asesoramiento serio y profesional.