Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” hecho público recientemente por la Sección Estadística del Consejo General del Poder Judicial, uno de los procedimientos que se han visto más afectados tras la suspensión de plazos procesales por el COVID19 han sido los concursos.

A efectos de este informe, se consideran concursos aquellos procedimientos que, declarados y tramitados en los juzgados, procede su apertura para cualquier deudor, sea persona física o jurídica, que no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Se incluyen tanto los concursos ordinarios, como los abreviados, así como los voluntarios y necesarios. Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no pueden declararse en concurso.

En el periodo de Julio a Septiembre se han dado 3.649 concursos, sumando los presentados en juzgados mercantiles y de primera instancia. Esta cifra supone un 34,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento es más notable en los concursos presentados en los juzgados de primera instancia, referidos a personas físicas.

Por Comunidades Autónomas, donde más casos se han dado ha sido en Cataluña, seguida por Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Los procedimientos monitorios

Se conoce por procedimientos monitorios aquellos procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento. Son competentes para iniciar este procedimiento los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia del deudor.

Según el informe citado, se ha producido un incremento del 10,9%, llegando a presentarse un total de 167.630 procedimientos.

El mayor número de ellos se ha dado en Andalucía, seguida por Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad de Madrid.