El pasado 30 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, por el que se prorrogan los ERTE hasta el 31 de enero de 2021.

A pesar de que hubo que esperar hasta el último momento para llegar a un acuerdo, el consenso alcanzado entre Gobierno, empresarios y sindicatos demuestra que el diálogo social avanza, aunque aún quede un largo camino por andar.

El Banco de España aboga por una visión en perspectiva de la crisis, y es que en su último análisis sostiene que la recuperación será larga. Según este organismo, no se alcanzará niveles similares a los previos al COVID19 hasta el año 2023, y eso en el mejor de los escenarios.

Si miramos en países de nuestro entorno, la forma de enfrentar estas dificultades difieren de unos a otros. Por ejemplo Alemania decidió prorrogar la protección al empleo mediante lo que allí se denomina kurzarbeit durante todo el año 2021. Este horizonte más amplio ofrece una seguridad, tanto económica como jurídica, que no se da en nuestro país debido a lo breve de su duración (tan solo 4 meses).

A esta incertidumbre, hay que añadir lo complicado de la materia legislativa: prohíbe despedir por causas derivadas del Covid19, mantiene el compromiso de mantenimiento de empleo por parte de las empresas, prohíbe la externalización de actividades,.. En resumen, las mismas medidas acordadas ya en el mes de mayo. Existe además el riesgo de que las sucesivas prórrogas terminen por convertir en normal una medida excepcional que tenía como objetivo atacar una pandemia.

De momento, aquí en España queda esperar a finales de enero a que Gobierno, organizaciones empresariales y sindicales vuelvan a sentarse a la mesa del diálogo social. Veremos si, esta vez, para tomar medidas de más largo alcance.