En los últimos meses, España se ha visto inmersa en un intenso debate social y político en torno a la posible aprobación de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular. El eje central de esta discusión ha sido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por diversas organizaciones sociales, como Regularización ya que logro superar el umbral de las 500.000 firmas necesarias para su tramitación parlamentaria.
¿QUÉ PROPONE LA ILP?
La ILP plantea una regularización masiva de personas extranjeras que se encontraban situación irregular en el territorio español antes de la presentación de la propuesta. Esta medida, de carácter excepcional, persigue varios objetivos:
- Integrar a personas migrantes que ya forman parte del tejido económico y social del país.
- Proteger a menores, unidades familiares, solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido denegada, así como a víctimas de trata o violencia.
- Poner fin al limbo jurídico en el que se encuentran muchas personas sin acceso formal al empleo, a la sanidad o a una vivienda digna.
POSICION DEL GOBIERNO
El Gobierno de España, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha manifestado su apoyo a la ILP, aunque también ha presentado una vía alternativa o complementaria con el objetico de ampliar su alcance y dotarle de mayor viabilidad administrativa según esta propuesta gubernamental:
- Podrían ser regularizadas aquellas personas extranjeras que hubieran llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, siempre que no contaran con antecedentes penales graves. No obstante, actualmente se esté valorando la posibilidad de ampliar ese límite temporal hasta marzo de 2025, con el fin de dar cabida a un mayor número de personas que, pese a haber llegado recientemente, ya se encuentran en procesos de integración social o en situaciones de especial vulnerabilidad.
- No sería necesario acreditar un contrato de trabajo bastando con demostrar arraigo social o familiar.
- Se daría especial prioridad a niños, adolescentes y a personas que hayan desistido voluntariamente de su solicitud de protección internacional.
Esta iniciativa ha generado división política. Mientras partidos como PP o VOX han mostrado su rechazo o condicionado su apoyo a requisitos más estrictos, formaciones como Sumar o ERC han solicitado que se adopten medidas aún más amplias y ambiciosas.
MARCO JURIDICO
La regularización extraordinaria se enmarcaría en el ART 11 de la ley orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular, lo que requeriría la aprobación de una ley específica que introduzca una modificación temporal del actual Reglamento de extranjería.
Asimismo, el procedimiento estaría fundamentado en lo dispuesto en el ART 31.3 de la ley orgánica 4/200 (LOEX), que permite autorizar la residencia por circunstancias excepcionales cuando concurran razones de interés público, humanitario o económico.
IMPLICACIONES PRACTICAS
En caso de aprobarse la regularización, sus principales efectos serían:
- Acceso directo a autorizaciones de residencia y trabajo.
- Posibilidad de acceso a la Seguridad Social, contratación legal y reagrupación familiar.
- Reducción de la economía sumergida, incremento de la recaudación fiscal y mejora en la integración laboral de las personas migrantes.
CONCLUSION
No obstante, la posible aprobación de una regularización masiva en 2025 no está exenta de riesgos. Si bien esta medida responde a una necesidad humanitaria y a una realidad social evidente, corre el riesgo de convertirse en una actuación simbólica más que en una solución estructural si no se acompaña de políticas públicas solidas que eviten la cronificación de la irregularidad administrativa. En un contexto marcado por severas limitaciones presupuestarias y una creciente saturación de los servicios públicos, una regularización de gran magnitud podría resultar insostenible tanto en términos económicos como operativos.
Por otro lado, La escasez de recursos, la falta de planificación y la ausencia de criterios claros para su aplicación pueden generar tensiones sociales y laborales, además de una percepción creciente de desorganización y pérdida de control por parte del Ejecutivo. Este escenario supone un desgate político considerable para el Gobierno, cuya legitimidad puede verse debilitada si no logra articular una respuesta eficaz.
Paralelamente, desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, del 20 de mayo de 2025, numerosas personas extranjeras han iniciado procedimientos de regularización a través de las vías que dicha norma contempla, sin haber obtenido respuesta administrativa. Esta acumulación de expedientes y la evidente falta de medios materiales y de personal para gestionarlos reflejan un sistema ya tensionado y en proceso deterioro, que difícilmente podría absorber el impacto adicional de una nueva regularización extraordinaria.
En este contexto, más que avanzar hacia una medida masiva y excepcional, resultaría más sensato y efectivo centrar los esfuerzos en la mejora del propio sistema de extranjería. Ello requiere una inversión inmediata en recursos de personal y tecnológicos, una agilización de los procedimientos pendientes y una respuesta institucional clara para quienes ya han optado por los causes legales establecidos en el nuevo marco normativo.