Todos en algún momento hemos escuchado hablar de la Inteligencia Artificial, pero debido a su complejidad es difícil proporcionar un concepto. ¿Cómo podríamos definirla? A grandes rasgos, es la capacidad que tienen las máquinas para utilizar algoritmos, aprender de los datos y utilizarlos para la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. No obstante, a diferencia de las personas, los dispositivos que se basan en inteligencia artificial no necesitan tomar descansos y pueden almacenar y analizar grandes volúmenes de información al mismo tiempo.
Una vez establecido el término, y con el fin de profundizar en la aplicación de la IA en el mundo jurídico, hemos de mencionar los llamados sistemas expertos jurídicos. Estos sistemas no son más que la principal aplicación de la IA al campo del derecho y sirven de ayuda a las decisiones judiciales. Tratan de imitar alguno de los procesos cognitivos llevados a cabo por abogados, por jueces, y en definitiva por los operadores del derecho.
A raíz de lo anterior es común pensar que dicha tecnología únicamente podrá contar con beneficios, con los que, indudablemente contará, pero conforme al criterio de gran cantidad de juristas también contará con una gran serie de inconvenientes. Pero… ¿Qué implicará realmente?
La llegada de esta tecnología y de su avance es una realidad inexorable y se convertirá en una práctica común en la abogacía. La IA es una herramienta con la que los profesionales del derecho y en general de cualquier ámbito contarán para poder realizar determinadas tareas con menos esfuerzo. Por tanto, esto permitirá tanto al letrado como al cliente ganar en tiempo, en productividad y en eficiencia.
No obstante, es indiscutible que también contará con ciertos inconvenientes y es que, esta tecnología cuenta con mucho poder, pero al mismo tiempo también presenta muchas limitaciones, tanto de carácter económico como técnico. Por lo que respecta a las limitaciones técnicas, existe un término acuñado como Black Box y que establece que la IA basada en datos aplica una serie de algoritmos de tanta complejidad que pueden llegar a producir una respuesta que sea correcta, pero en las que no se pueda indicar como se llegó a la misma. Y, como bien sabemos, en el mundo jurídico es necesario una justificación, es necesario la explicación del por qué de las cosas.
Por lo que respecta a las limitaciones de carácter económico se puede señalar que no es precisamente barato desarrollar un modelo de IA y que es posible que no se cuenten con los medios económicos para ello. En definitiva, ambas limitantes se vuelven un factor determinante en la implementación de estas tecnologías al mundo jurídico.