El Congreso de los Diputados rechazó la propuesta de ley presentada por el Gobierno para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, sin disminución salarial. La iniciativa, que había sido acordada previamente con los sindicatos mayoritarios, contemplaba una aplicación progresiva y medidas complementarias como el esfuerzo del registro horario y el derecho a la desconexión digital.
La votación, celebrada el 11 de septiembre, se resolvió en contra debido a los votos de PP, Vox y Junts, lo que supuso un importante revés para una de las principales reformas laborales planteadas en esta legislatura.
Tras conocer el resultado, los sindicatos CC OO y UGT convocaron movilizaciones en más de 50 ciudades para mostrar su rechazo a la decisión y exigir la aprobación de la reducción de jornada. Paralelamente, la patronal empresarial expreso nuevamente sus reservas, advirtiendo que la medida implicara un incremento de costes laborales y dificultades de organización, especialmente para las pequeñas y medidas empresas.
A pesar del rechazo parlamentario, la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, declaro que el Ejecutivo mantiene su compromiso de implantar la jornada de 37,5 horas antes de finalizar 2025, ya sea mediante una nueva tramitación legislativa o a través de la negociación colectiva.
La negativa del Congreso no cierra el debate. La reducción de la jornada laboral continua en el centro de agenda política, sindical y empresarial, y se prevé que en los próximos meses el tema siga siendo objeto de confrontación tanto en el ámbito legislativo como en la negociación colectiva.