MIGRANTES: EL MOTOR OCULTO QUE NADIE QUIERE MIRAR

¿Y si mañana desaparecieran los migrantes de España? La pregunta incomoda, Molesta. Pone nervioso a más de uno, pero también es legítima, necesaria. Porque, por más que se repita en tertulias o redes sociales que “los migrantes vienen a quitarnos”, los datos, fríos e incontestables, muestran lo contrario: sin ellos, buena parte del país simplemente dejaría de funcionar.

Este ejercicio, planteado desde lo hipotético, revela una verdad que muchos prefieren no ver: que España depende profundamente de su población migrante. No como un gesto de caridad o integración, sino como una cuestión estructural, económica y social. No se trata de solidaridad, se trata de realidad.

Para empezar, el campo español, uno de los pilares de la economía alimentaria, no podría sostenerse sin la mano de obra extranjera. Mas de 250.000 personas migrantes trabajan en él. En regiones como Murcia, casi el 60% de los trabajadores agrícolas son foráneos. Si mañana no estuvieran, las campañas de recolección se paralizarían. Frutas, verduras, aceitunas y uvas se quedarían sin recoger. La escasez provocaría un alza de precios. Las exportaciones caerían. Y, en última instancia, las mesas españolas empezarían a vaciarse.

Pero la dependencia no se detiene ahí. En los hospitales, centros de salud, residencias y ambulancias, más de 100.000 sanitarios migrantes forman parte de un enlace fundamental, son médicos, enfermer@s, auxiliares, celadores y personal de limpieza. Si desaparecieran, las listas de espera se dispararían, muchos servicios colapsarían, especialmente en zonas rurales, y la calidad del sistema sanitario se vería gravemente afectada. En otras palabras, el llamado Sistema Nacional de Salud también se sostiene con miles de manos extranjeras.

A ello se suma un trabajo aún más invisibilizado, pero absolutamente esencial: el de los cuidados. El 43% del personal del hogar son mujeres migrantes. Ellas cocinan, limpian, cuidan niños, acompañan a mayores, atienden a personas dependientes. Si ellas no estuvieran, muchas familias no podrían conciliar vida laboral y personal. Muchas mujeres españolas se verían forzadas a abandonar sus empleos. La sobrecarga familiar aumentaría y la igualdad de género retrocedería décadas.

Además, es necesario observar un fenómeno que rara vez se discute abiertamente: la crisis demográfica. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. Mientras muchas parejas españolas posponen la maternidad por inseguridad laboral y falta de apoyo, las familias migrantes siguen teniendo hijos, formando redes de apoyo, criando desde el esfuerzo colectivo. Esos niños sostienen las escuelas abiertas, rejuvenecen la población y representan el futuro. Si ellos no nacieran aquí, el envejecimiento seria aún más acelerado y el sistema social simplemente no aguantaría.

En este mismo sentido, la llegada de personas migrantes ha revitalizado lo que muchos llaman la “España vaciada”. Pueblos que estaban condenados al abandono han recuperado vida: hay niños, negocios, escuelas abiertas, panaderías funcionando. Un ejemplo contundente es Torre-Pacheco (Murcia), donde el 29% de los cotizantes son extranjeros y la renta per cápita ha pasado de 23.000 a 30.000 euros en apenas cinco años. Sin ellos, volvería el silencio, cerrarían escuelas, se perderían servicios básicos.

Asimismo, la hostelería y el turismo, sectores clave en la economía española, se sostienen en gran parte gracias al trabajo migrante. Mas del 21% de los empleos en restauración los ocupan personas extranjeras: cocineros, camareras, lavaplatos, repartidores. Si se marcharan, miles de bares, restaurantes y hoteles cerrarían sus puertas. El turismo que representan el 12% del PIB, sufriría un golpe duro.

Por si fuera poco, el aporte migrante también sostiene la economía desde la más estructural: las cotizaciones. Hoy, casi tres millones de personas extranjeras están dadas de alta en la Seguridad Social, representando el 13,8% del total. Sus aportaciones superan los 16.000 millones de euros anuales según el Banco España, un cuarto del crecimiento del PIB per cápita desde 2022 se debe a los migrantes. Y no es menor: las pensiones, la sanidad y la educación dependen, en gran parte de sus contribuciones, sin ellas el Estado del Bienestar se caería.

Por otro lado, también están los miles de emprendedores que cada año abren más de 50.000 negocios en España: tiendas, restaurantes, peluquerías, talleres. Negocios que crean empleo y aportan dinamismo económico. Lejos de quitar, los migrantes crean, lejos de competir, construyen.

Preguntarse qué pasaría si los migrantes desaparecieran no es un ejercicio de ciencia ficción. Es una forma de poner en evidencia lo que muchos prefieren negar: que España no solo los necesita, sino que ya depende de ellos, económica, demográfica y socialmente.

Por eso, la verdadera pregunta no es que pasaría si se van. La verdadera pregunta es ¿Por qué seguimos tratándolos como si no importaran?

CONCLUSION

En definitiva, imaginar una España sin migrantes no es solo un ejercicio provocador: es una llamada de atención urgente. Porque los datos no mienten, aunque se nieguen desde ciertos discursos. Las personas migrantes no solo contribuyen: sostienen sectores clave, revitalizan comunidades, cuidan, producen, emprenden y cotizan. Son parte esencial del país y serán aún más determinantes en su futuro.

Ignorarlo no cambia la realidad, invisibilizarlos no borra su impacto, estigmatizarlos no frena su contribución, lo que si podemos cambiar es el relato: pasar del prejuicio al reconocimiento, del miedo a la verdad y del rechazo a la justicia.

Porque al final, no se trata de “integrar” a los migrantes en España, se trata de reconocer que ya están integrados. Que sin ellos este país no camina y que con ellos España tiene una oportunidad de avanzar con dignidad, diversidad y sentido común.

IDENTIDAD, FRONTERAS Y EXCLUSIÓN: EL RELATO ANTIIMIGRACIÓN DE VOX

Vox, partido político de extrema derecha en el panorama español, ha construido gran parte de su identidad discursiva y electoral sobre una visión profundamente restrictiva y alarmista de la inmigración. A través de un lenguaje beligerante, el partido ha situado a los inmigrantes particularmente a aquellos procedentes de África y del mundo árabe como una amenaza para la seguridad, la identidad cultural y el bienestar económico del país. Esta narrativa, sin embargo, ha sido duramente cuestionada desde múltiples sectores por su carácter simplificador, estigmatizante y, en muchos casos, abiertamente xenófobo.

El partido diferencia formalmente entre inmigración legal e ilegal, pero en la práctica ha mostrado un rechazo generalizado hacia cualquier forma de inmigración que no responda a criterios estrictamente utilitaristas. En sus intervenciones públicas y documentos programáticos, se promueven medidas como la deportación inmediata de personas en situación irregular, el endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad y la restricción del acceso a servicios públicos a quienes no cumplan ciertos estándares de “arraigo” o “asimilación”. Tales propuestas han sido criticadas por vulnerar derechos fundamentales reconocidos tanto en la legislación nacional como en convenios internacionales suscritos por España.

Desde una perspectiva cultural, Vox sostiene que no todas las culturas son compatibles con la española. Esta idea, que parte de una visión excluyente y esencialista de la identidad nacional, conduce a una demonización de colectivos enteros, especialmente los musulmanes. El partido ha asociado reiteradamente a la inmigración islámica con la inseguridad, el terrorismo y el retroceso de los valores occidentales, reforzando así estereotipos peligrosos que alimentan el racismo y la desconfianza social.

En el terreno económico, Vox ha definido que la inmigración supone una carga para los recursos del Estado y una competencia desleal para los trabajadores nacionales. No obstante, estudios demográficos y económicos desmienten esta afirmación: la inmigración ha contribuido de forma activa al sostenimiento del sistema de pensiones, al crecimiento del PIB y al funcionamiento de sectores clave como la agricultura, la construcción o el cuidado de personas. Pese a ello, el partido sigue explotando el malestar social derivado de la precariedad laboral y la crisis de los servicios públicos, utilizando a los inmigrantes como chivo expiatorio de problemas estructurales que tienen causas mucho más complejas.

El enfoque de Vox sobre la inmigración no responde a una política migratoria integral, basada en datos y derechos, sino a una estrategia electoralista que instrumentaliza el miedo y la desinformación. En lugar de proponer soluciones a los desafíos reales que plantea la gestión de los flujos migratorios, opta por fomentar la división, el enfrentamiento y la deshumanización del “otro”. Esta postura no solo erosiona el tejido social, sino que también pone en entredicho los principios democráticos y de convivencia que sustentan el Estado de derecho.

En un contexto global marcado por la movilidad humana, la diversidad y los desafíos compartidos, el discurso de Vox representa un retroceso que impide avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.

Conclusión

La visión que Vox proyecta sobre la inmigración no es simplemente una postura política más dentro del debate democrático, sino una construcción ideológica que convierte a los inmigrantes en el blanco de frustraciones sociales y económicas. Su discurso, lejos de aportar soluciones eficaces y realistas, se sustenta en el miedo, la desinformación y el rechazo. Esta narrativa no solo degrada la calidad del debate público, sino que también socava los principios fundamentales de igualdad, solidaridad y respeto a los derechos humanos. En una sociedad plural como la española, la respuesta a los desafíos migratorios no puede basarse en la exclusión, sino en políticas públicas responsables, informadas y centradas en la dignidad de todas las personas, independientemente de su origen.

 

 

CUANDO SE ESPERA TODO POR NADA, SE PIERDE TODO

Especialmente en el ámbito de extranjería, se ha normalizado una percepción equivocada del trabajo jurídico. Muchos esperan ser atendidos sin cita, en cualquier momento, incluso fines de semana o festivos, como si los despachos fueran servicios de emergencia gratuitos.

Los abogados dedican años a formarse y a mantener actualizados frente a los constantes cambios normativos, ofreciendo un servicio responsable, ajustado a la legalidad y a la realidad de cada caso. Su labor no consiste simplemente en “rellenar papeles”, sino en diseñar estrategias jurídicas sólidas para proteger los derechos e intereses se sus clientes.

A esta realidad se suma el creciente intrusismo profesional: persona sin formación jurídica, sin colegiación ni responsabilidad legal, que ofrecen servicios de extranjería a precios irrisorios y con una gestión muchas veces deficiente o incluso ilegal. Esta situación no solo pone en riesgo la situación de quienes confían en ellos, sino que también degrada gravemente la profesión legal.

No son una ONG, ni caritas, son abogados y, como en cualquier profesión su tiempo, conocimiento y experiencia tienen un valor. Reivindicar ese valor no es falta de humanidad, sino respeto por su labor y, sobre todo, por los clientes que buscan un asesoramiento serio y profesional.

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LA PROPUESTA DE REGULARIZACION MASIVA EN 2025

En los últimos meses, España se ha visto inmersa en un intenso debate social y político en torno a la posible aprobación de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular. El eje central de esta discusión ha sido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por diversas organizaciones sociales, como Regularización ya que logro superar el umbral de las 500.000 firmas necesarias para su tramitación parlamentaria.

¿QUÉ PROPONE LA ILP?

La ILP plantea una regularización masiva de personas extranjeras que se encontraban situación irregular en el territorio español antes de la presentación de la propuesta. Esta medida, de carácter excepcional, persigue varios objetivos:

  • Integrar a personas migrantes que ya forman parte del tejido económico y social del país.
  • Proteger a menores, unidades familiares, solicitantes de asilo cuya solicitud ha sido denegada, así como a víctimas de trata o violencia.
  • Poner fin al limbo jurídico en el que se encuentran muchas personas sin acceso formal al empleo, a la sanidad o a una vivienda digna.

POSICION DEL GOBIERNO

El Gobierno de España, encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha manifestado su apoyo a la ILP, aunque también ha presentado una vía alternativa o complementaria con el objetico de ampliar su alcance y dotarle de mayor viabilidad administrativa según esta propuesta gubernamental:

  • Podrían ser regularizadas aquellas personas extranjeras que hubieran llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, siempre que no contaran con antecedentes penales graves. No obstante, actualmente se esté valorando la posibilidad de ampliar ese límite temporal hasta marzo de 2025, con el fin de dar cabida a un mayor número de personas que, pese a haber llegado recientemente, ya se encuentran en procesos de integración social o en situaciones de especial vulnerabilidad.
  • No sería necesario acreditar un contrato de trabajo bastando con demostrar arraigo social o familiar.
  • Se daría especial prioridad a niños, adolescentes y a personas que hayan desistido voluntariamente de su solicitud de protección internacional.

Esta iniciativa ha generado división política. Mientras partidos como PP o VOX han mostrado su rechazo o condicionado su apoyo a requisitos más estrictos, formaciones como Sumar o ERC han solicitado que se adopten medidas aún más amplias y ambiciosas.

MARCO JURIDICO

La regularización extraordinaria se enmarcaría en el ART 11 de la ley orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular, lo que requeriría la aprobación de una ley específica que introduzca una modificación temporal del actual Reglamento de extranjería.

  Asimismo, el procedimiento estaría fundamentado en lo dispuesto en el ART 31.3 de la ley orgánica 4/200 (LOEX), que permite autorizar la residencia por circunstancias excepcionales cuando concurran razones de interés público, humanitario o económico.

IMPLICACIONES PRACTICAS

En caso de aprobarse la regularización, sus principales efectos serían:

  • Acceso directo a autorizaciones de residencia y trabajo.
  • Posibilidad de acceso a la Seguridad Social, contratación legal y reagrupación familiar.
  • Reducción de la economía sumergida, incremento de la recaudación fiscal y mejora en la integración laboral de las personas migrantes.

 

CONCLUSION

No obstante, la posible aprobación de una regularización masiva en 2025 no está exenta de riesgos. Si bien esta medida responde a una necesidad humanitaria y a una realidad social evidente, corre el riesgo de convertirse en una actuación simbólica más que en una solución estructural si no se acompaña de políticas públicas solidas que eviten la cronificación de la irregularidad administrativa. En un contexto marcado por severas limitaciones presupuestarias y una creciente saturación de los servicios públicos, una regularización de gran magnitud podría resultar insostenible tanto en términos económicos como operativos.

Por otro lado, La escasez de recursos, la falta de planificación y la ausencia de criterios claros para su aplicación pueden generar tensiones sociales y laborales, además de una percepción creciente de desorganización y pérdida de control por parte del Ejecutivo. Este escenario supone un desgate político considerable para el Gobierno, cuya legitimidad puede verse debilitada si no logra articular una respuesta eficaz.

Paralelamente, desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, del 20 de mayo de 2025, numerosas personas extranjeras han iniciado procedimientos de regularización a través de las vías que dicha norma contempla, sin haber obtenido respuesta administrativa. Esta acumulación de expedientes y la evidente falta de medios materiales y de personal para gestionarlos reflejan un sistema ya tensionado y en proceso deterioro, que difícilmente podría absorber el impacto adicional de una nueva regularización extraordinaria.

En este contexto, más que avanzar hacia una medida masiva y excepcional, resultaría más sensato y efectivo centrar los esfuerzos en la mejora del propio sistema de extranjería. Ello requiere una inversión inmediata en recursos de personal y tecnológicos, una agilización de los procedimientos pendientes y una respuesta institucional clara para quienes ya han optado por los causes legales establecidos en el nuevo marco normativo.

 

 

 

 

 

TRÁMITES MIGRATORIOS EN CRISIS: EXTRANJEROS EN EL LIMBO LEGAL

Desde diversos sectores jurídicos y sociales se observa con preocupación la huelga convocada para el próximo 16 de junio por los funcionarios de las Oficinas de Extranjería, impulsada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Esta protesta no se percibe como un hecho aislado, sino como la consecuencia directa del colapso administrativo derivado de la reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, el pasado 20 de mayo.

La sobrecarga de trabajo es evidente: se han generado más de 200.000 nuevos expedientes en apenas unas semanas, sin que se hayan reforzado de forma efectiva los recursos humanos ni técnicos en los servicios encargados de su tramitación. Aunque el Gobierno ha anunciado la incorporación de 750 nuevos empleados públicos, la mayoría de ellos no se integrarán hasta septiembre, y su formación específica en materia de extranjería aún es incierta.

Los funcionarios denuncian una grave falta de planificación, escasa formación sobre la aplicación del nuevo reglamento y ausencia de instrucciones claras. Esta situación, según numerosos profesionales, no solo afecta a los trabajadores públicos, sino también a los propios usuarios: miles de personas extranjeras que esperaban resolver su situación administrativa en España se ven atrapadas en un sistema colapsado, lento y, en muchos casos, opaco.

Uno de los ejemplos más preocupantes es el del arraigo social y formativo, una de las vías más utilizadas por personas en situación irregular para regularizar su residencia en España. Para poder presentar este trámite, es indispensable contar con el informe de arraigo emitido por los servicios sociales municipales. Sin embargo, actualmente muchos ayuntamientos afirman no tener directrices claras ni instrucciones oficiales para emitir dichos informes conforme al nuevo reglamento, lo que está generando bloqueos importantes.

Como consecuencia, numerosos migrantes se ven obligados a posponer la presentación de su solicitud de residencia, ya que, sin el informe de inserción soail, el expediente no puede iniciarse. Esta falta de coordinación entre la administración central y los gobiernos locales pone en evidencia una implementación deficiente de la reforma, que termina afectando gravemente a quienes más necesitan una respuesta rápida y eficaz.

Desde el punto de vista de quienes trabajamos en el ámbito de la extranjería, esta huelga y el caos actual en la tramitación deben servir como una llamada de atención urgente. Es fundamental mejorar las condiciones laborales del personal, dotar a las oficinas de medios suficientes y garantizar una implementación eficaz, coherente y uniforme de la normativa.

La reforma del reglamento, aunque necesaria y positiva en sus objetivos, corre el riesgo de fracasar si no va acompañada de una verdadera inversión institucional en su aplicación.

Finalmente, la huelga del 16 de junio no debe interpretarse únicamente como una protesta laboral, sino como un clamor frente al deterioro del sistema de extranjería, que debe ser reformado para ser más eficiente, justo y respetuoso tanto con los derechos de los trabajadores públicos como con los de la ciudadanía migrante.

HACIA UNA EXTRANJERIA MÁS JUSTA E INCLUSIVA

Desde una perspectiva crítica y constructiva, la reciente reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada mediante el Real Decreto 1155/2024, representa un avance significativo en materia de integración, protección y acceso a derechos para las personas extranjeras que residen en España.

Uno de los principales logros de esta reforma es la ampliación y mejora de las vías legales de regularización, lo cual permite reconocer las diversas realidades de quienes, aunque hayan perdido su estatus legal, continúan formando parte activa de nuestra sociedad. Figuras como el arraigo de segunda oportunidad y el arraigo socioformativo reflejan un enfoque más humano y realista. Se reconoce así que muchas personas extranjeras buscan rehacer su vida, acceder a la formación y contribuir dignamente al desarrollo social y económico del país.

Destaca también la posibilidad de obtener una autorización de residencia incluso cuando no ha sido posible renovar la anterior por causas ajenas a la voluntad del solicitante. Esta medida humaniza el sistema y lo adapta mejor a los desafíos que enfrentan las personas migrantes en su día a día.

Por otro lado, el nuevo estatuto para los familiares de ciudadanos españoles representa un avance justo y necesario. Esta modificación ofrece mayor seguridad jurídica y elimina trabas innecesarias para quienes tienen vínculos familiares con ciudadanos españoles, permitiéndoles residir y trabajar en el país sin incertidumbre.

Asimismo, es especialmente relevante la inclusión de menores en procedimientos paralelos o simultáneos con sus progenitores, lo que refuerza la protección integral de los derechos de la infancia, un aspecto clave en toda sociedad democrática.

En conclusión, este nuevo reglamento evidencia un cambio de enfoque más inclusivo, que favorece la integración social y laboral de las personas extranjeras, y reconoce la diversidad de sus trayectorias personales y profesionales. Aunque todo sistema jurídico es perfectible, esta reforma supone un paso firme hacia una sociedad más justa, cohesionada e igualitaria.

 

OBTENCION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA

¿QUÉ IMPLICA SER NACIONAL DE UN ESTADO?

Según la RAE, la nacionalidad es un “vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización”. Además, la nacionalidad es considerada como un derecho fundamental y, es a través de ella, por la cual el individuo puede disfrutar de los derechos atribuidos a la condición de ciudadano.

 

Nuestra legislación permite obtener la nacionalidad española por diversas vías. En este artículo analizaremos concretamente la obtención de nacionalidad española por residencia.

REQUISITOS

Los plazos presentes en el artículo 22 del Código Civil.

La regla general sobre el plazo de residencia para obtener la nacionalidad española es de 10 años. Esta regla general, como tantas otras provisiones en Derecho, presenta algunas excepciones:

  • Para comenzar, “serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado”. Esto armoniza perfectamente las obligaciones internacionales contraídas por España y tiene como objetivo final la integración de estas personas en el país.

 

  • El plazo será de dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.” Esto se debe a la conexión especial que tienen estos países con el nuestro.

 

  • Finalmente, solamente será necesario un año de residencia para aquellos que tengan una conexión especial con España y cuya residencia pueda garantizar su integración en el país. El enfoque de este apartado del artículo 22 CC es para:
    • El que haya nacido en territorio español”
    • “El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar”
    • “El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, curatela con facultades de representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.”
    • “El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho”.
    • “El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.”
    • “El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.”

El comportamiento del interesado

Otro de los requisitos es que la residencia del interesado siempre deberá ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición de nacionalidad de acuerdo con el apartado 3 del artículo 22 del Código Civil.

 

Además, para poder optar a la nacionalidad española a través de la residencia es necesario tener una buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española.  Además, el interesado no debe tener antecedentes penales ni en el país de origen ni en España y toda su documentación debe de estar en vigor.

Los exámenes para poder optar a la nacionalidad española

El Instituto Cervantes es el órgano que se encarga de elaborar y de administrar dos pruebas/exámenes que son requisito necesario para la obtención de la nacionalidad española.

  • La primera prueba se denomina el “diploma de español DELE nivel A2” o superior (es una prueba de idioma).
  • La segunda es la prueba llamada CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España). Es importante que las personas interesadas tengan conocimiento de que a finales del 2023 se aprobó el nuevo manual de estudio en relación con esta prueba y que modificó el 25% de las preguntas del examen, por lo que es muy importante tener el manual actualizado a la hora de estudiar. Las personas exentas de realizar la prueba CCSE son:
    • las personas que presentan trastornos o dificultades de aprendizaje de más de un 65%,
    • as personas que dispongan de titulación en estudios oficiales, cursados en España y en español, de nivel medio o superior y
    • las personas que hayan realizado cursos de Educación Secundaria Obligatoria en España.

 

En definitiva, la residencia legal y continuada en España durante los plazos establecidos, la ausencia de antecedentes penales y la acreditación de los conocimientos culturales y lingüísticos exigidos por la Ley son los únicos requisitos necesarios para obtener tu nacionalidad española.

 

¡Si quieres asesorarte sobre si cumples los requisitos y sobre cómo solicitar tu nacionalidad, no dudes en contactar con nosotros!

 

 

 

El Congreso español tramitará la iniciativa para regularizar a 500.000 extranjeros

En una jornada histórica en el Congreso español, se ha tomado una decisión crucial respecto a la situación de cientos de miles de extranjeros que residen en España. Con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, se ha dado luz verde a la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 personas.

La propuesta, que ha recibido apoyo mayoritario en la Cámara Baja, representa un paso significativo en el tratamiento de la situación migratoria en el país. Se ha evidenciado un amplio consenso político en la necesidad de abordar esta cuestión de manera humanitaria y efectiva.

La iniciativa, impulsada por la sociedad civil, ha logrado captar la atención y el respaldo de una amplia mayoría de los diputados, quienes reconocen la importancia de regularizar la situación de aquellos que residen en España y contribuyen activamente a la sociedad.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha expresado su apoyo a esta iniciativa, subrayando la necesidad de ofrecer una solución justa y digna para aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Las imágenes de la votación en el Congreso reflejan el momento histórico en el que se ha dado este paso crucial hacia una política migratoria más humanitaria y solidaria.

La decisión del Congreso español de tramitar la iniciativa para regularizar a 500.000 extranjeros marca un hito en el camino hacia una política migratoria más justa y equitativa. Con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos, se envía un mensaje de solidaridad y compromiso con aquellos que buscan una vida mejor en España. Este paso refleja el valor de la colaboración entre la sociedad civil y las instituciones democráticas para abordar los desafíos humanitarios con responsabilidad y empatía.

NACIONALIDAD ESPAÑOLA A TRAVÉS DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

La Ley 20/2022 de Memoria Democrática abre las puertas a la adquisición de la nacionalidad española en varios casos específicos. En el despacho de Alvarez y Asociados, queremos informarte sobre estas oportunidades:

1️⃣ Exilio por motivos políticos, ideológicos o de creencias:

¿Tus padres, abuelos o abuelas fueron españoles y perdieron la nacionalidad debido al exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación e identidad sexual? ¡Esta ley te ofrece la posibilidad de recuperar la nacionalidad española!
2️⃣ Matrimonio de mujeres españolas antes de 1978:

Si eres hijo/a de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978, ¡ahora puedes considerar la opción de obtener la nacionalidad española!
3️⃣ Reconocimiento de nacionalidad de origen:

Los hijos/as mayores de edad de españoles a quienes se les reconoció la nacionalidad de origen mediante el derecho de opción según la Ley 52/2007 también pueden beneficiarse de esta ley.
¿Cómo proceder? 🤔

Si cumples con alguno de estos casos, te invitamos a formalizar la declaración de opción en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Además, ten en cuenta que existe la posibilidad de prórroga por un año más mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.
En Alvarez y Asociados, estamos aquí para asesorarte en este proceso. ¡Contáctanos para más detalles y acompáñate de expertos en derecho! 📞💼

¡Novedades en las solicitudes de arraigo laboral para solicitantes de asilo!

La Oficina de Extranjería ha compartido recientemente información derivada de las nuevas Instrucciones del Ministerio del Interior en materia de extranjería. Si resides en España y estás a la espera de que se resuelva tu solicitud de protección internacional, esto te interesa.

Dada la situación migratoria actual, la resolución de las solicitudes de protección internacional, y también los recursos contra las denegaciones de asilo, se están dilatando durante muchos meses. Esto coloca a las personas extranjeras en una situación de alegalidad, ya que no se encuentran en situación administrativa irregular pero tampoco cuentan con la residencia legal reconocida que les permita trabajar. Este limbo administrativo impulsa a las personas extranjeras a solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral y poder así cotizar en la Seguridad Social.

Hasta ahora, las solicitudes de estas autorizaciones venían siendo denegadas o, directamente, inadmitidas a trámite, si no se aportaba con ella la resolución que declarase concluso el procedimiento de solicitud de asilo. Y, precisamente, por la inseguridad administrativa que esto supone a los solicitantes de asilo, es por lo que, a partir de ahora, si con la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo laboral se acredita que se ha desistido del procedimiento de solicitud de asilo, esto ya no será una causa de inadmisión o denegación.

Si te encuentras en esta situación y quieres que los mejores expertos en Extranjería te asesoren y gestionen tu trámite, no dudes en contactar con Álvarez y asociados.