Desde diversos sectores jurídicos y sociales se observa con preocupación la huelga convocada para el próximo 16 de junio por los funcionarios de las Oficinas de Extranjería, impulsada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Esta protesta no se percibe como un hecho aislado, sino como la consecuencia directa del colapso administrativo derivado de la reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, el pasado 20 de mayo.
La sobrecarga de trabajo es evidente: se han generado más de 200.000 nuevos expedientes en apenas unas semanas, sin que se hayan reforzado de forma efectiva los recursos humanos ni técnicos en los servicios encargados de su tramitación. Aunque el Gobierno ha anunciado la incorporación de 750 nuevos empleados públicos, la mayoría de ellos no se integrarán hasta septiembre, y su formación específica en materia de extranjería aún es incierta.
Los funcionarios denuncian una grave falta de planificación, escasa formación sobre la aplicación del nuevo reglamento y ausencia de instrucciones claras. Esta situación, según numerosos profesionales, no solo afecta a los trabajadores públicos, sino también a los propios usuarios: miles de personas extranjeras que esperaban resolver su situación administrativa en España se ven atrapadas en un sistema colapsado, lento y, en muchos casos, opaco.
Uno de los ejemplos más preocupantes es el del arraigo social y formativo, una de las vías más utilizadas por personas en situación irregular para regularizar su residencia en España. Para poder presentar este trámite, es indispensable contar con el informe de arraigo emitido por los servicios sociales municipales. Sin embargo, actualmente muchos ayuntamientos afirman no tener directrices claras ni instrucciones oficiales para emitir dichos informes conforme al nuevo reglamento, lo que está generando bloqueos importantes.
Como consecuencia, numerosos migrantes se ven obligados a posponer la presentación de su solicitud de residencia, ya que, sin el informe de inserción soail, el expediente no puede iniciarse. Esta falta de coordinación entre la administración central y los gobiernos locales pone en evidencia una implementación deficiente de la reforma, que termina afectando gravemente a quienes más necesitan una respuesta rápida y eficaz.
Desde el punto de vista de quienes trabajamos en el ámbito de la extranjería, esta huelga y el caos actual en la tramitación deben servir como una llamada de atención urgente. Es fundamental mejorar las condiciones laborales del personal, dotar a las oficinas de medios suficientes y garantizar una implementación eficaz, coherente y uniforme de la normativa.
La reforma del reglamento, aunque necesaria y positiva en sus objetivos, corre el riesgo de fracasar si no va acompañada de una verdadera inversión institucional en su aplicación.
Finalmente, la huelga del 16 de junio no debe interpretarse únicamente como una protesta laboral, sino como un clamor frente al deterioro del sistema de extranjería, que debe ser reformado para ser más eficiente, justo y respetuoso tanto con los derechos de los trabajadores públicos como con los de la ciudadanía migrante.